Gasto Público en México y sus repercusiones para empresarios

Introducción
El origen y destino de ingresos y gasto públicos son fundamentales en una economía porque ello puede generar resultados disímbolos en las naciones en materia de crecimiento, distribución del ingreso y forma parte de las herramientas del gobierno que le permite satisfacer las necesidades de la población.

En este tenor, el presente artículo describe la normatividad que sustenta el ciclo presupuestario en México; abordamos también el debate teórico que dio origen al gobierno de la cuarta transformación que afirma que su eje rector es eliminar la política neoliberal. Finalmente, presentamos un comparativo entre la distribución de los ingresos y gastos federales entre finales del sexenio pasado versus el plan económico nacional actual y sus posibles repercusiones para empresarios.

Finanzas públicas en México y el debate sobre el neoliberalismo.
En cualquier economía interactúan una serie de actores en conjunto con las instituciones creadas por éstos, la forma en que se da dicha interacción, brindándole importancia al mercado, el laissez faire o bien, al control y funcionamiento de las organizaciones, es un debate teórico que durante largo tiempo los estudiosos de la ciencia económica han abordado. De ello han derivado el diseño y aplicación de políticas económicas y formas de gobierno de índole diverso. 

México tuvo que luchar por su independencia y dejar de ser una colonia española, pero la naciente nación igualmente tuvo que decidir la forma de gobierno, la organización que conformaría y con osadía definir el rumbo del país. Al 2021 la nación mexicana, según la Carta Magna en sus artículos 40, 41 y 49, es una república representativa, laica, democrática y federal constituida por Estados libres y soberanos, para ejercer dicha soberanía cuentan con los Poderes de la Unión que son Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la misma norma artículo 25 se establece que el Estado tendrá que velar por el desarrollo nacional garantizando que sea integral y sustentable.

En este tenor resultan fundamentales las decisiones que tome el Estado que derivan en políticas económicas, así como las formas y rubros en que se desglosan y aplican los ingresos y gastos públicos. Éstos quedan plasmados en la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos, los cuales deben ser formulados y entregados al Congreso a más tardar el 8 de septiembre de cada año y a su vez, deberán de ser aprobados anualmente máximo el 15 de noviembre. Al respecto, en este momento se encuentran publicados en la página de la Secretaría de Hacienda los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación vigentes durante 2021. 

Este tema resulta de suyo relevante porque el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador pretende transformar la nación mexicana por la vía de eliminar las políticas económicas de corte neoliberal, término ampliamente utilizado, pero vagamente comprendido más allá de asociarlo a otros términos en un contexto negativo tales como pobreza, marginación, explotación, entre otros. Por ello resulta vital explicar el origen y consistencia de este. 

En la teoría económica se gestó un debate entre aquellas políticas que afirmaban la necesidad de un Estado rector e interventor de la economía versus otras que, por el contrario, proclamaban que las mejores políticas para el crecimiento económico eran aquellas sustentadas en un Estado a su mínima expresión y en cambio, basado en la propiedad privada y el libre mercado. 

No obstante, el debate que subyace a lo económico basado en una pregunta básica ¿Qué tanto debe y puede intervenir el Estado en la actividad económica? Las respuestas fragmentaron a estudiosos de materias diversas tales como sociología, filosofía, ciencia política, economía, resultando en dos principales grupos: liberales quienes sostenían la libertad del ser humano y, en consecuencia, enfatizaban que el Estado no debía intervenir en la actividad económica porque ello imponía restricciones al funcionamiento del sistema económico e incluso a la inventiva de los individuos. Por otra parte, los interventores o conservadores los cuales abogan por un Estado que impusiera reglas, limitantes advirtiendo que el mercado no se auto regularía y por el contrario, la falta de acción estatal generaría desequilibrios y desigualdades que afectarían el modo y nivel de vida de los individuos. 

El neoliberalismo es en realidad un conjunto de ideas basadas en la libertad en todos los ámbitos, que el actuar de los individuos en dicha libertad se transforma de modo automático en equilibrios y que ello traducido a lo económico implica libertad del mercado definido, a su vez, como cualquier mecanismo a través del cual entra en contacto oferta y demanda y que en su funcionamiento subyace la solución a los problemas económicos y sociales. 

Entonces ¿Por qué si esta noción basada en la liberad y posibles soluciones a graves problemáticas actuales? ha encontrado tantos críticos y detractores y ¿Por qué México ha optado a través del voto popular por una promesa de modelo diferente?

Las respuestas las hallamos tanto en la historia como en los mismo pilares teóricos del neoliberalismo. Históricamente muchas naciones florecieron luego de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los ochentas, proveyendo de altos niveles de bienestar para la población. México encontró su “milagro” con base en el modelo denominado sustitución de importaciones, pero dicha estrategia se agotó, aunado a que el crecimiento poblacional y el advenimiento de innovaciones tecnológicas propiciarían grandes movimientos de capitales; la inversión buscaba nuevas betas de rentabilidad por lo que el capital financiero comenzó a moverse rápidamente entre novedosos instrumentos financieros, en tanto que el capital físico deseaba libertad para ubicar la producción en lugares que le permitiesen reducir sus costos.

Justo entonces la economía reconocida como ciencia social intentó replicar a otras ciencias buscando fórmulas, ecuaciones, modelos que plantearan de manera inequívoca soluciones a problemáticas económicas y sociales diversas, sin considerar que dicho carácter social hacia necesario contemplar el todo, considerar el contexto, Escalante (2019) señala que buena parte del esfuerzo de los economistas en los últimos cien años se ha dedicado a elaborar explicaciones que no dependan del contexto. Es decir, se ha dedicado a buscar fórmulas de validez universal, que no dependan de si se está en México, en Indonesia o en Noruega. Porque suponen que eso es lo que debe hacer la ciencia (una idea anticuada, ingenua, pero que todavía es popular).

El agotamiento de un modelo y su incapacidad para modificarlo y hacerlo evolucionar encontró un culpable común “Intervención Estatal”, entonces tomaron fuerza las ideas que en conjunto previenen cualquier intervención del Estado en el ámbito económico. 

En 1989 John Williamson elaboró un decálogo que en palabras de su autor tenía como fin “asegurar que en las conferencias organizadas por el Instituto de Economía Internacional se abordarán un conjunto de cuestiones en común, el documento enumeraba 10 reformas de política económica que casi todos en Washington consideraban necesario emprender, a dicho programa lo denominé Consenso de Washington” (Williamson, 2003; 10). Este término se asoció a neoliberalismo, comprendiéndose como tal la aplicación de tal decálogo. 

Desde entonces diversas naciones incluidas la mayor parte de América Latina adoptó medidas como disciplina fiscal; redistribución de gasto público eliminando subsidios y apoyos; reforma fiscal; liberalización financiera y comercial; adopción de un régimen cambiario flexible; privatización y desregulación económicas.

A la postre, los resultados en México, resto de Latinoamérica e incluso países desarrollados como EUA y la Zona Euro son contundentes, se ha exacerbado la concentración de la riqueza, se siguen presentando crisis económicas y/o financieras que sumen en el desempleo y la pobreza a las personas, con ello ha aumentado la desintegración familiar, migración y violencia. 

Ante el hartazgo con los políticos, partidos y representantes de gobierno, los votantes mexicanos en 2018 expresaron en las urnas la necesidad de un cambio, lo cual estuvo representado por la promesa de un gobierno diferente, en el discurso el programa económico de Andrés Manuel López Obrador se orienta en cinco principios: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar por su parte las directrices de política económica para 2021 son las siguientes:
a)    Conducción responsable de las finanzas públicas y el uso mesurado del endeudamiento, como medios para preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar el cumplimiento en el largo plazo de las metas y obligaciones del Estado; 
b)    El fortalecimiento permanente de las fuentes de ingresos del sector público, alcanzando primero todo el potencial del marco fiscal vigente; 
c)    La honestidad y la eficiencia en el ejercicio del gasto público, así como su focalización en la inversión social y en infraestructura en las personas y regiones en desventaja, con el fin de maximizar el rendimiento social de las erogaciones públicas;
d)    La profundización del sistema financiero, para que más recursos lleguen a más hogares y empresas, en especial a los que actualmente no tienen acceso a financiamiento. (SHCP; 2021, 47).  

Plan económico nacional
El Programa Económico (PE) es un conjunto de documentos entre los que se encuentran la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los Criterios de Política Económica, para 2021, plantean una política de responsabilidad hacendaria consistente en fortalecer el gasto en desarrollo. 

Al respecto debemos aclarar que el gasto público clasificado en función de su destino se estratifica en tres: a) gobierno (son las acciones de gestión gubernamental); b) desarrollo económico (incluye todo lo relativo a la promoción de lo económico y la producción) y c) desarrollo social (comprende servicios en beneficio de la población y su bienestar). Esta estratificación nos permite identificar las prioridades del gobierno y la orientación que tomarán las decisiones públicas.

Según las cifras presentadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021 el gasto total ascenderá a 6,295,736.2 millones de pesos, del cual el 73.36% (4,618,338.9 m.d.p.) corresponde a gasto programable, el 65% de éste será dirigido a desarrollo social; 26% a desarrollo económico y 9% a gasto de gobierno, pero al comparar esto con las cifras correspondientes al último PEF del sexenio pasado, la estructura del gasto resulta igual: el 71% correspondió a gasto programable, del cual la mayor proporción se destina a desarrollo social (62%); desarrollo económico (28%) y finalmente al gobierno (10%), ver gráficas 1 y 2.


 Fuente: Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales con base en Presupuestos de Egresos de la Federación

En materia del gasto destinado a inversión durante 2021 será por $ 829,386 millones de pesos, que en términos porcentuales representa el 18%del gasto programable y 13% del gasto estimado total. Igualmente, las cifras son similares a las destinadas al mismo rubro en el gobierno encabeza por Enrique Peña Nieto, es decir, 16% del gasto programable y 11% del gasto total. 

En suma, la estructura general y el destino de los recursos es similar no obstante se encuentran diferencias en lo que denominan inversión prioritaria del sexenio actual, dividido en dos grandes rubros: a) programas sociales a los que se destinará un total de 336,638.5 millones de pesos que representa el 7% del gasto programable y b) proyectos de inversión cuyo monto será de 103,037.5 m.d.p. equivalente al 2% del mencionado gasto. 

Programas y Proyectos Prioritarios para México, 2021.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2020; 54)

La diferencia entre gasto social y el destinado a proyectos de inversión reside también en su efecto económico, ambos pueden redundar en crecimiento y bienestar, no obstante, el segundo permite un ciclo de reproducción de ingresos y empleo de mayor cuantía y para el largo plazo.

Por esta razón es preferible aquellos proyectos que generarán riqueza, industria y producción sobre aquellos que representan transferencias y/o subsidios directos, que sin duda, resultan de apoyo ante carestía y pobreza crónica de familias, pero requieren un cuidadoso análisis de sus propósitos, padrones de población objetivo actualizados y sobre todo evaluaciones constantes que comparen las finalidades y metas versus los resultados obtenidos; todo lo anterior en un ambiente de amplia transparencia e información disponible para el público en general.

En materia de ingresos se estima obtener 6,295,736.2 millones de pesos cuya proporción se presenta en el cuadro 1, al observarlo se distinguen las tres fuentes principales que son impuestos (56.12%); ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios (17.11%) e ingresos derivados de financiamientos (12.02%). 

Es importante señalar que los ingresos son estimados con base en una serie de expectativas sobre el curso de la economía durante el 2021, en materia de crecimiento se espera una expansión del PIB entre 3.6 y 5.6% anual según estimado elaborado por SHCP. 

Cuadro 1. Fuentes de ingresos nacionales, 2021
Ingreso por

%

Impuestos

56.12

Cuotas y aportaciones de seguridad social

6.06

Contribuciones de mejoras

0.00

Derechos

0.67

Productos

0.15

Aprovechamientos

2.42

Ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios

17.11

Transferencias, asignaciones, subsidios subvenciones, pensiones y jubilaciones

5.45

Ingresos derivados de financiamientos

12.02

Fuente: Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales con base en la Ley de Ingresos de la Federación

Una vez revisadas la estructura de ingreso y gasto surge la pregunta ¿Cómo esto puede impactar a los empresarios? La respuesta reside en los posibles beneficios de dicha estructura; resulta claro que bajo la administración actual no son prioridad, los proyectos de infraestructura se financiaran fundamentalmente vía recursos públicos que pueden provenir de contribuciones y deuda pública. 

A pesar de la pandemia no hay incentivos fiscales para empresas de cualquier tamaño; únicamente se les brindó una línea de crédito de $25 000 a aquellas empresas con trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social que durante los primeros cuatro meses de 2020 no presentaron bajas. Lo cual, si bien, les representó un flujo de ingresos, tal monto equivale aproximadamente a seis meses de las cuotas patronales enteradas al mismo IMSS de cinco trabajadores registrados con un salario mínimo mensual (3,697 pesos mexicano), razón por la cual para muchos empresarios ante la falta de ingresos e incluso cierres totales, optaron por disminuir salarios y despedir a trabajadores. 

Fomentar inversión privada, creación y sostenimiento de empresas es indispensable en cualquier economía, además si atendemos a la estructura particular de México, en el que al menos el 95% del total de unidades económicas son de tamaño micro y pequeño, entonces resulta fundamental para la recuperación y posterior crecimiento sostenido, el proveerles herramientas y mecanismos que velen por su sostenibilidad. Lo que muestra las políticas económicas de la administración actual es que las empresas y sus dueños se les percibe desde la óptica de encontrarse en un mismo cajón, al cual, no hay que ofrecerles incentivos y en cambio, el gasto se destina a las personas vía transferencias y subsidios, pero que reiteramos, ello trae beneficios únicamente en el corto plazo y no redundan en innovación, formalidad, creación de empleos, lo cual es base del crecimiento económico. 

 Conclusiones
México seguirá enfrentando una realidad adversa ante el número de contagios, fallecidos y el impacto por cierres de la actividad económica, por lo que seguramente conforme transcurran los trimestres se tendrán que hacer ajustes sobre las estimaciones de ingresos y gastos para 2021. La estructura de gasto es similar a sexenios previos, lo prioritario ha sido canalizar recursos para programas sociales y proyectos de inversión catalogados como prioritarios. Entonces sí podríamos afirmar que hay una modificación en la política económica y el destino de los recursos. No obstante, al mismo tiempo se manifiestan una serie de detalles y problemáticas que a la larga no permitirán ni el crecimiento ni el desarrollo económicos, a pesar de las buenas intenciones con que se elabore la política económica. 

Dichas problemáticas son el aumento de la violencia ya sea en materia de género, contra periodistas o en la sociedad en general, asunto que debía ser enfrentado por la guardia nacional y a la fecha no hay resultados tangibles positivos. La recuperación económica sigue estando sustentada en variables externas tal como lo que suceda con la economía norteamericana y por supuesto, la china al ser nuestros principales socios y demandantes de productos para el comercio.

Otro tema para mantener en constante observación es la constante asignación de contratos gubernamentales por vía adjudicación directa, porque dicho proceder da cabida a conflictos de interés, destino de recursos públicos poco claros y, de hecho, parte de las promesas de campaña igualmente fue el que todas las contrataciones públicas serían llevadas a cabo mediante licitación directa. Uno más, que afecta directamente el nivel de ingresos es la prometida simplificación fiscal la cual ha sido en varas ocasiones la promesa diversos candidatos a la presidencia, pero a la fecha sigue sin ser materializada y por el contrario las modificaciones en materia de disposiciones fiscales han sido relativas a la vigilancia, ello no representa estímulo para acrecentar la base de contribuyentes ni facilitarles a familias y empresas el cumplimiento de sus obligaciones, es verdad que ahora el cálculo y entero de impuestos es más accesible por el uso de tecnologías de la información pero recordemos el alto grado de informalidad en nuestro país así como, la falta de acceso a dicha tecnología.  

Por otra parte, aunque el gasto social si pueda proporcionar mejora de bienestar a la población, su efecto es de corto plazo y económicamente se requieren la generación de empleos, el estímulo a la inversión todo ello acompañado de un programa productivo nacional que a la fecha el autodenominado gobierno de transformación no ha presentado y efectivamente, dada la estructura interna y distribución particular del gasto público podríamos afirmar que no sigue los parámetros tradicionales de la política económica denominada neoliberalismo, no obstante, reiteramos que ello por sí solo no generará crecimiento ni empleo sostenibles en el largo plazo, para ello se requiere una planeación nacional que contemple todos los sectores económicos y visualice la aplicación conjunta de los instrumentales de la política pública y privada en un contexto de colaboración para el largo plazo.
 
Bibliografía
Díaz Mondragón, Manuel y Vázquez Carrillo, Nitzia (2016) Sistema financiero mexicano. Editorial Trillas. México.
Díaz Mondragón, Manuel. (2010) Administración financiera; técnicas para mejorar las finanzas de su empresa. Editorial Gasca. México.
Escalante, Fernando (2019) Historia Mínima del Neoliberalismo. COLMEX
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. (2021). Publicada en el Diario Oficial de la Federación. Recuperada de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2021_251120.pdf
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. (2021). Publicada en el Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf 
SHCP (2020) Criterios de Política Económica para el 2021.
Williamson, John (2003) “No hay consenso Reseña sobre el Consenso de Washington y sugerencias sobre los pasos a dar.” Revista Finanzas y Desarrollo. FMI. Septiembre. 
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