Un artículo publicado por el Financial Times sobre BFF. Cuando el Estado decide pagar, no paga y se lleva por delante a quien haga falta. Véase el caso de España con los laudos de las renovables, no han pagado ni uno.-----------------------------------------"Una ofensiva regulatoria del Banco de Italia contra una entidad financiera especializada —que reclama el pago de intereses por demora a administraciones públicas endeudadas— ha sumido a la entidad en una crisis y la ha dejado vulnerable ante inversores oportunistas. En el marco de una intervención iniciada en 2024, el Banco de Italia obligó a BFF, entidad que cotiza en la bolsa de Milán, a clasificar miles de millones de euros en pagos atrasados de administraciones públicas como «créditos problemáticos», lo que exige un mayor nivel de capital para cubrir posibles pérdidas. Según fuentes cercanas al asunto, el Banco de Italia contemplaba la posibilidad de desmantelar BFF y vender sus activos a bancos locales; esto habría eliminado del mercado italiano a la única gran institución que reclama sistemáticamente el pago de intereses por demora a las administraciones públicas morosas. Las acciones del banco —que actualmente opera bajo la supervisión de comisarios designados por el Banco de Italia— han caído más de un 80 % en el último año. Según las mismas fuentes, la entidad está explorando ahora la venta de una participación al fondo estadounidense Cerberus. BFF se especializa en el denominado «factoring» para la administración pública: la compra, con descuento, de facturas impagadas a proveedores del sector público. A diferencia de otras entidades financieras, BFF también exige a las administraciones públicas el pago de elevados intereses por demora. La legislación de la UE exige a las administraciones públicas que abonen intereses por las facturas impagadas a tiempo, a un tipo de al menos el 8 % más el tipo de referencia del Banco Central Europeo. Según la información que ha hecho pública, BFF interpone cada año cientos de demandas contra las autoridades públicas italianas para reclamar el pago de estos intereses. El conflicto con el Banco de Italia se centra en la valoración y la posibilidad de recuperar estas reclamaciones de intereses, que pueden quedar pendientes durante años, incluso cuando las facturas originales ya han sido liquidadas. BFF ha litigado con éxito contra el Estado italiano ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones, debido al incumplimiento por parte de los municipios locales de las sentencias judiciales nacionales que les obligaban a saldar sus deudas. El año pasado, Roma reservó más de 2000 millones de euros para cubrir el riesgo de sentencias judiciales desfavorables en 2026. Fuentes cercanas a las conversaciones entre el banco y el organismo regulador señalan que esta mayor presión responde a un cambio en las normas europeas sobre impagos.Sin embargo, un documento interno de BFF, fechado en abril de 2026 y al que ha tenido acceso el FT, describe la interpretación más reciente del Banco de Italia —especialmente en lo que respecta a los intereses por demora— como un cambio respecto al criterio que el supervisor mantenía anteriormente. Según fuentes cercanas al asunto, BFF ha reconocido deficiencias en sus controles y procedimientos internos, lo que provocó la dimisión de su consejero delegado a principios de este año. Estas mismas fuentes añadieron que, en la reunión de su consejo de administración prevista para el martes, el banco podría proceder a realizar nuevos ajustes contables (deterioros) en los préstamos reclasificados. Según personas al tanto de la situación, el Banco de Italia esperaba vender los activos de BFF a los bancos BPM o BPER, y la cartera de intereses por demora a Amco, la entidad estatal de gestión de activos dudosos. De concretarse una operación así, el Estado pasaría a controlar la reclamación de los intereses por demora a otros organismos del sector público. No obstante, BPM y BPER han rechazado tal acuerdo. Según fuentes conocedoras del asunto, la dirección de BFF exploraba, por otra parte, la venta de una participación del 30% al fondo neoyorquino Cerberus por 180 millones de euros, con una inversión máxima de 400 millones de euros, incluyendo capital nuevo. En una carta fechada el 26 de octubre, a la que ha tenido acceso el FT, los inversores de BFF sostienen que las reclasificaciones y los ajustes contables podrían deberse a «decisiones contables cuestionables» y no a un deterioro de los activos de la entidad. Asimismo, advirtieron de que esto podría facilitar «decisiones de gestión inapropiadas, como la venta de activos a precios que no reflejan su valor real». Las directrices de la Autoridad Bancaria Europea reconocen que las autoridades públicas pueden retrasar los pagos debido a procedimientos administrativos, y no necesariamente por dificultades financieras. Funcionarios italianos declararon al FT su preocupación ante la posibilidad de que la entrada de un inversor como Cerberus derive en una gestión más agresiva del cobro de los intereses por demora a los organismos públicos. El Banco de Italia señaló que «no hace comentarios sobre entidades financieras concretas». Por su parte, BFF, Amco y el Ministerio de Finanzas declinaron hacer declaraciones.