El aumento de las apuestas bajistas en Redeia coincide con un momento de creciente presión sobre el valor, tras las advertencias de las agencias de calificación crediticia sobre un posible deterioro del perfil financiero de Redeia. S&P ha señalado recientemente que "la posible interferencia política se sigue considerando como una debilidad relativa", al depender el plan inversor del grupo de las decisiones del Gobierno y estar la fijación de tarifas supervisada por el regulador.
La agencia también hace referencia al impacto del apagón eléctrico del pasado 28 de abril, un episodio que ha añadido incertidumbre al futuro de la compañía. S&P reconoce que la responsabilidad de Redeia, incluso parcial, no fue reconocida legalmente por el Estado en su informe técnico del 17 de junio, aunque recuerda que la CNMC debe determinar la responsabilidad formal de cada actor implicado. En su propio informe, la compañía defendió haber cumplido en todo momento los procedimientos operativos establecidos por el regulador.
Según S&P, "más allá del impacto reputacional, el apagón pone de relieve la complejidad de operar el sistema eléctrico español". La agencia advierte de que, mientras el proceso de atribución legal de responsabilidades no se cierre, podrían presentarse reclamaciones por parte de consumidores finales —tanto empresas como particulares— a través de comercializadoras y distribuidoras. "Consideramos que las valoraciones preliminares sobre compensaciones económicas llevarán tiempo, y que los procedimientos judiciales podrían alargarse durante años. Los resultados podrían tensionar aún más el perfil financiero del grupo en ausencia de medidas correctoras", señala la calificadora.